Enfoques feministas para repensar la criminalización de eventos obstétricos

En 2014 publicamos el libro Jaque a la Reina, en co-autoría con Mariana Alvarez y Alejandra Iriarte, donde constatamos que, en la provincia de Tucumán –Argentina- , 532 mujeres habían sido criminalizadas por aborto entre los años 1992-2012. En aquel momento detectamos mujeres criminalizadas por conductas que no son delictivas como es el caso del “aborto espontáneo”, “aborto natural” o “tentativa de aborto” y afirmamos que este tipo de procesos en sociedades con fuerte presencia religiosa en su entramado cultural el proceso de investigación penal operaba en sí mismo como una forma de violencia institucional de género. En el año 2016 desde la Fundación Mujeres x Mujeres defendimos a “Belén”, encarcelada durante 29 meses por un aborto espontáneo. En la revisión de su condena advertimos el uso de figuras penales más graves, como la del homicidio agravado por el vínculo, para castigar un evento obstétrico adverso. Cinco años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “Manuela vs. El Salvador” y analizó que este tipo de investigaciones se orientan generalmente a buscar la condena de las mujeres, sin examinar, por ejemplo, la posibilidad de que la muerte fetal o neonatal se debiera a una emergencia obstétrica. Definió además que “las emergencias obstétricas son aquellas situaciones que presenta la mujer o el feto, que requieren una atención inmediata, de lo contrario, ella o el feto, pueden tener un daño irreparable a su salud e incluso la muerte. Esto puede suceder en cualquier momento del embarazo, ya sea al principio, a mediados o a finales de la gestación”. Esta ponencia tiene como objetivo repasar desde un enfoque feminista las diferentes formas en que las usuarias con capacidad biológica de gestar resultan acusadas penalmente luego de un evento obstétrico acontecido dentro de Servicios de Salud. Con ello, nos interesa analizar cómo la condición de género, superpuesta a otras interseccionalidades propias de la selectividad con que opera el derecho criminal (edad, clase, racismo y pobreza), funciona como un vector que profundiza la desigualdad, propicia la discriminación y favorece la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres en edad fértil.