Desde el cuerpo al tribunal: racialización y disputa por la justicia reproductiva en el Perú

A partir de un estudio mixto —que combina el análisis de 100 sentencias judiciales y 15 expedientes fiscales, junto con 17 entrevistas en profundidad a mujeres criminalizadas, defensoras públicas, fiscales y personal de salud— se reconstruye la ruta de la criminalización, desde los hospitales hasta los tribunales, revelando cómo el sistema de salud opera como puerta de entrada al sistema penal. Los hallazgos muestran que el 84% de los procesos por aborto se inician en establecimientos de salud públicos, generalmente cuando las mujeres buscan atención médica tras un aborto incompleto o espontáneo. En la mayoría de los casos, el personal de salud vulnera el secreto profesional y el deber ético de cuidado, denunciando a las pacientes ante la Policía o la Fiscalía. Esta práctica —alentada por la obligación de denuncia establecida en el artículo 30 de la Ley General de Salud— produce una ruptura sistemática del vínculo terapéutico y erosiona la confianza en la atención médica. La criminalización afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes, pobres, quechuahablantes e indígenas, evidenciando una correlación directa entre la tasa de denuncias y la composición étnica de cada región. A través de estos patrones, el sistema de justicia peruano reproduce jerarquías racializadas y de género heredadas del orden colonial, donde la capacidad reproductiva se somete a vigilancia y castigo moral. La ponencia argumenta que la criminalización del aborto en el Perú trasciende el ámbito jurídico para configurarse como una tecnología colonial, orientada a disciplinar los cuerpos racializados bajo el discurso de la legalidad y la “protección de la vida”. Desde epistemologías feministas decoloniales e interseccionales, se propone desafiar los relatos hegemónicos de justicia y legalidad, visibilizando la crueldad estructural que atraviesa las instituciones penales y médicas. Finalmente, se plantea una reimaginación de la justicia reproductiva desde el Sur global, en la que el litigio estratégico y la defensa de mujeres criminalizadas se reconocen como formas de resistencia epistémica, centradas en la autonomía, el cuidado colectivo y la dignidad.