Formas de la violencia en la penalización del aborto: miradas interseccionales en Ecuador

La instrumentalización de la capacidad reproductiva de las mujeres y personas gestantes está sostenida en marcos legales, instituciones sociales, discursos, patrones e imaginarios. Uno de sus principales herramientas es la penalización del aborto. La penalización del aborto genera múltiples formas de violencia cuyo objetivo es controlar a las mujeres y disciplinarias para que acepten su destino reproductivo. Entre estas formas de violencia está la violencia obstétrica, entendida como el maltrato sistemático a las mujeres cuando acceden a recibir atención reproductiva, la estigmatización entendida como una concepción estereotipada de las mujeres como antinaturales, patológicas, malas madres, la criminalización entendida como la persecución y el castigo penal, y la violencia simbólica que concentra una serie de imaginarios sobre la necesidad de limitar las potestades de las mujeres sobre su reproducción basadas en estereotipos de género. La criminalización del aborto en el Ecuador se intensificó tras la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014. El sistema de salud se ha convertido en una de las principales vías de denuncia, convirtiendo a los hospitales en espacios de control y castigo para las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas relacionadas con el aborto. Esta práctica institucional ha limitado el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, generando un ambiente de miedo y estigmatización que restringe el derecho a la atención médica oportuna, segura y confidencial. (Surkuna 2024, 12 - 18) Fiscalía General del Estado, ha reportado que entre 2014 y 2022 hubo 488 denuncias por aborto consentido, la mayoría iniciadas en el sistema de salud. (Surkuna 2024, 13) Sin embargo, según el Consejo de la Judicatura se han emitido solamente 70 sentencias relacionadas con este delito, de las cuales 59 fueron condenatorias y 11 resultaron en la absolución de las personas denunciadas. Esta desproporción entre las denuncias y las sentencias muestra una lógica punitiva orientada a disciplinar y estigmatizar que afecta de manera diferenciada a mujeres jóvenes, empobrecidas, indígenas o afrodescendientes, reforzando desigualdades estructurales.